A juicio el alcalde de Alcolea, acusado de prevaricar y malversar

A juicio el alcalde de Alcolea, acusado de prevaricar y malversar

Los hechos se remiten a cuando Antonio Ocaña era concejal de Hacienda

E.PRESSALMERÍA

El alcalde de Alcolea (Almería), Antonio Ocaña (IU), irá a juicio acusado de recibir retribuciones con dinero público mediante facturación a una mercantil «interpuesta» en su etapa como concejal de Hacienda en la corporación local entre los años 2007 y 2011.

Con él se sentará en el banquillo quien ostentaba el cargo de primer edil, Fernando Utrilla, ya que, presuntamente, estas retribuciones «mensuales» se hicieron «sin» que fueran sometidas a «procedimiento alguno y sin contar con la aprobación del pleno».

El auto de apertura de juicio oral, consultado por Europa Press, recoge que Ocaña y Utrilla se enfrentan a delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos si bien la acusación particular también atribuye al actual regidor la supuesta comisión de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

El Ministerio Público interesa para alcalde y exalcalde las penas de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y de tres años de prisión y otros diez de inhabilitación por cada uno de los delitos, respectivamente.

Según recoge el escrito de la acusación particular, Antonio Ocaña habría utilizado la mercantil 'Celemin Fomación SL' como «ente interpuesto» entre el Ayuntamiento y él para, así, «detraer de los fondos municipales importantes cantidades de dinero sin someterse a procedimiento ni control alguno».

Remarca que obvió presuntamente la prohibición de contratar existente para los miembros de las corporaciones locales con empresas para las que presten servicios y se valió de que tanto él, en calidad de concejal de Hacienda, como Fernando Utrilla en su cargo de alcalde, «eran los ordenadores de los pagos y, por consiguiente, los máximos responsables de que los pagos se realizasen de forma ajustada a la ley».

La acusación particular sostiene, asimismo, que, desde 2007 hasta 2011, desde el Ayuntamiento de Alcolea «se pagaron diferentes facturas a 'Celemin Formación SL' con el objeto de abonar, mediante esta persona jurídica interpuesta, unas retribuciones mensuales al concejal de Hacienda y Tesorero».

Añade que, todo ello, se habría hecho «sin someterse a procedimiento alguno y sin contar con la aprobación del pleno municipal, que es el único órgano que puede aprobar la consignación presupuestaria de las retribuciones por dedicación parcial o total de los miembros corporativos».

La acusación particular señala, asimismo, que «todos estos pagos» a la mercantil se realizaron «sin las correspondientes adjudicaciones de los contratos, aprobación de gastos y pagos», por lo que, según remarca, «contravienen de manera grosera y palmaria la normativa administrativa».

Para la parte ha quedado «debidamente probado» que en las facturas «no existe descripción de los trabajos realizados, sino que aparece únicamente la justificación de que ese pago va destinado a abonar el trabajo que el concejal prestaba a la empresa como promotor deportivo y cultural».

«Junto a las facturas tampoco existen albaranes ni documento alguno en el que aparezca la diligencia o firma de conformidad de los trabajos realizados , por lo que no se han cumplido las obligaciones recogidas en la legislación aplicable», concluye.

Las defensas de Ocaña y Utrilla interpusieron contra el auto del titular del Juzgado de Instrucción 1 de Berja, Urko Liendo, recurso para pedir la nulidad de actuaciones, si bien esta fue rechazada en mayo.

El procedimiento se inició a raíz de la querella que interpuso el grupo municipal del PSOE, que interesa para Antonio Ocaña, al margen de las mismas penas que la Fiscalía por presunta prevaricación y malversación, dos años de cárcel y 24 meses de multa a razón de diez euros al día por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. A Fernando Utrilla le pide dos años de cárcel por supuesta malversación y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

 

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