Acusan a un vecino de Adra de maltratar a 40 perros en un cortijo en ruinas

Malvivían hacinados en un cortijo en ruinas ubicado en la barriada abderitana de El Trebolar. Encadenados, desatendidos, famélicos, desnutridos, expuestos al sol y, en algunos casos, con graves lesiones físicas. Lo hacían bajo la única supervisión de su dueño, un vecino de la localidad que posiblemente los usase para cazar y que hoy se enfrenta a un delito por maltrato animal. Los canes fueron liberados y dados en adopción por varias personas anónimas que, a su vez, han sido denunciados por el propietario por apropiación indebida. Sendos delitos, que han sido investigados por la Guardia Civil de Almería, están en manos del juez para dirimir las responsabilidades legales de ambas partes.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, cuando Silvia -nombre ficticio para proteger su identidad- recibió una «llamada de ayuda». Le informaron entonces de la existencia de un grupo de perros que malvivía «en pésimas condiciones» en un cortijo en ruinas en El Trebolar. Indignada y sin notificar el caso a la autoridades policiales, se organizó con una protectora inglesa -con sede en Málaga- para trasladar a los perros de madrugada en una furgoneta. Según su testimonio, en una primera actuación, «liberamos» a 27 perros con ayuda de varias personas. En la segunda, ocurrida un mes después, a diez más. Ocho murieron posteriormente.

La mayoría fueron dados en adopción a través de varias protectoras extranjeras. Otros permanecen a la espera en casas de acogida. Algunos necesitaron atención médica urgente por las heridas que presentaban y todos, sin excepción, presentan secuelas por lo vivido.

Posteriormente, el grupo decidió poner en conocimiento de la Guardia Civil lo ocurrido. Los agentes corroboraron que los animales se encontraban en «pésimas condiciones» y así lo acreditan las fotografías y los informes veterinarios aportados por este grupo de voluntarios. El propietario está acusado de cometer un supuesto delito de maltrato animal y, a su vez, ha acusado a las personas que participaron en el supuesto rescate de apropiación indebida. «Será un juez el que determine si se trata de un rescate o de un robo, pero nosotros no tenemos miedo a las represalias. Lo volveríamos a hacer», se ratifica Silvia.

La Guardia Civil de Almería ha confirmado a IDEAL el caso. «Al dueño de los animales se le está investigando por un delito de maltrato animal, pero no hay pruebas suficientes porque los perros no están», lamentan desde el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA. Desde la Comandancia en Almería se recuerda la necesidad de alertar a Policía Local y Guardia Civil ante un supuesto caso de maltrato animal. Basta con marcar los números 062, 092 o 112 para comunicarlo. Los agentes están especializados en el rescate de animales en peligro y disponen de las herramientas necesarias para instruir las diligencias «con toda la carga de pruebas».

Actualmente el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal con penas de prisión de tres meses a un año o, en los casos graves, o de seis a 18 meses si hay muertes. Además, según subraya a IDEAL el abogado Juan Gómez, las penas llevan aparejada la inhabilitación para ejercer empleos vinculados a animales. Las mismas fuentes recuerdan que abandonar a un animal también es delito en España. «En la práctica, si el acusado no tiene antecedentes, no suele acabar en cárcel», matiza.

Las investigaciones y las diligencias de los dos hechos delictivos están en manos de los Juzgados de Berja. Ratificadas las declaraciones, quedan vistos para sentencia.

Silvia aún recuerda entre lágrimas la angustia que sintió aquella madrugada de agosto, cuando comprobó personalmente el estado en el que se encontraban los perros que posteriormente trasladó y dio en adopción. «Los encontramos en una vivienda abandonada de El Trebolar. Con un lector, comprobamos los que tenían microchip y, a toda prisa, metimos en la furgoneta los que pudimos. Había muchos y de distintas razas», ha relatado a IDEAL. «Nunca había visto algo así. Perros agonizando, sin agua, con heridas en carne viva, muertos de hambre, revueltos entre los pellejos de una cabra que les había servido de alimento, rodeados de ratas, basura, guantes manchados de sangre y con cadenas tan cortas que no podían ni tumbarse», añade.

Silvia se detiene, toma aire y continúa: «Antes de marchar, en un agujero descubrimos a una perrita aterrorizada. Levanté un colchón y tenías cachorros consigo. Algunos estaban muertos._Las ratas se estaban comiendo a los bebés». Horrorizada, aún recuerda con impotencia a una podenca de color blanco «con una pata colgando, que no se dejó coger». Silvia, que volvió al lugar un mes después para realizar un segundo «rescate», señala la ayuda recibida por parte de varias protectoras extranjeras para reubicar a los perros. «Ninguna española», lamenta. A la espera de conocer la decisión judicial, justifica que no acudió a la Guardia Civil en un primer momento «por miedo» y «desconfianza» de que no hicieran nada. Desde entonces, reconoce que le cuesta conciliar el sueño y que ha perdido «la ilusión por vivir». «No puedes vivir ni sonreír cuando conoces lo peor del ser humano», concluye.

La colaboración ciudadana es fundamental para localizar posibles casos de maltrato animal en el ámbito doméstico. Afectan a perros y gatos principalmente. Provocar dolor o estrés a un ser vivo, ya sea por acción u omisión, es un delito y debe ser denunciado.

En este sentido, el ciudadano de a pie tiene la obligación moral de comunicarlo a una autoridad policial. Si se es testigo, basta con poner el asunto en conocimiento de Policía Local o Guardia Civil. El asunto se puede trasladar a través de correo electrónico o de los teléfonos 062, 112 o 092. También se puede personar en dependencias policiales y, si se desea, presentar denuncia formal. De poco o nada sirve hacerlo a través de las redes sociales en cualquier caso.

Comunicado el caso, son los propios agentes los que deben acudir al lugar, corroborar que se trata de un maltrato y, si es necesario, trasladar al animal a una protectora mientras se realiza la investigación. Además, pueden localizar a su propietario, a través del lector microchip, y conocer los detalles de lo sucedido. Sólo una autoridad pública está autorizado para ello. No lo están personas anónimas ni protectoras, aunque corra peligro la vida del animal. De lo contrario, pueden incurrir en un delito de allanamiento, hurto o robo. Además, el informe pericial veterinario encargado por la autoridad competente es determinante para tratar el asunto, ya sea por la vía administrativa o por la vía penal. Es la principal prueba del delito. La Guardia Civil dispone del SEPRONA o Servicio de Protección de la Naturaleza para investigar estos asuntos.