El alcalde de Adra, citado a declarar por un presunto delito de prevaricación urbanística

El objeto de la querella es la construcción de un edificio de tres viviendas y local en la calle Carrerilla de Guainos Bajos, en el término municipal de Adra. Según se expone en el documento, a la que ha tenido acceso IDEAL, el Ayuntamiento dio luz verde a una licencia de obra mayor en noviembre de 2017, a pesar del informe emitido por la Demarcación de Costas de Andalucía, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. «Consultado con el área de deslindes y de acuerdo con el deslinde provisional en esta zona, la parcela objeto de la consulta se encontraría afectada parcialmente por la zona de servidumbre y protección», según consta en un documento emitido en septiembre de ese mismo año. Un mes después, el Ayuntamiento informó favorablemente: «Las alineaciones del edificio proyectado coincide con la línea límite interior de servidumbre de protección de acuerdo con el deslinde provisional de la a zona».

Según apunta la acusación, el área de Urbanismo prescindió del informe contrario emitido por Costas en un «claro ejercicio arbitrario de poder». «Los querellados imponen su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable, actuando a sabiendas de la injusticia, resolviendo al margen del ordenamiento jurídico y ocasionando un resultado materialmente injusto», según se refleja en la querella.

La licencia concedida benefició a la familia de Pedro Peña, entonces único concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Adra y hoy titular de la concejalía de Deportes. Desde las elecciones municipales de 2019, Peña es miembro del equipo de Manuel Cortés, que gobierna con mayoría absoluta gracias al apoyo de la formación naranja.

Respuesta del Ayuntamiento

El alcalde de Adra está citado a declarar el 21 de abril a las diez y cuarto de la mañana. También lo hará la técnico municipal. El portavoz del equipo de gobierno, José Crespo, ha aclarado que la edificación proyectada «respeta la zona de servidumbre». «El proyecto de tres viviendas y locales sitúa al edificio fuera del dominio público marítimo terrestre y de la servidumbre de protección», según reproduce literalmente de uno de los informes emitidos por Costas.

Crespo ha defendido la legalidad de los expedientes urbanísticos municipales en general y del que afecta al edil de Ciudadanos en particular. «La licencia de obra contiene informes jurídicos y técnicos muy rigurosos elaborados por técnicos municipales, así como de Costas que dejan rotundamente claro que el proyecto de obra es totalmente compatible con la normativa», ha afirmado. Además, ha matizado que no se trata de un caso puntual: «Se han otorgado licencia a más vecinos y vecinas de la barriada de Guainos que se encontraban en la misma situación, para los que se ha aplicado exactamente el mismo criterio».