El encauzamiento del río Adra supera la fase de impacto ambiental

Impulsado la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, se actuará en un tramo situado a unos tres kilómetros de su desembocadura para reducir el riesgo de daños por inundaciones. Desde el pasado mes de abril, según las mismas fuentes, se está llevando a cabo el proceso «de carácter simplificado». La resolución establece que no será necesario someter el citado proyecto a la evaluación ambiental ordinaria, más exhaustiva: «No se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental».

Entre ellas, la resolución señala que no se permitirá «ninguna clase de obras ni acopio de materiales» dentro del dominio público hidráulico que pueda provocar contaminación del agua. Tampoco estarán permitidos los movimientos de tierras y la extracción de agua deberá contar con autorización.

El proyecto que ejecutará la Dirección General del Agua comprende varias actuaciones de adecuación del cauce del río Adra para mejorar su capacidad de desagüe y evitar posibles inundaciones de la carretera A-6300, que discurre próxima al cauce.

Según se informó, se elevará la rasante de la citada vía y mejorará el trazado en planta. También se ejecutará una obra de drenaje trasversal a dicha carretera, que drenará el caudal que pueda desbordarse por la margen derecha del río. Por último, se recrecerá un muro de contención, que se prolongará aguas abajo y se perfilará el talud, protegiéndolo con ««encahado»» de piedra o escollera. Además, está previsto ejecutar varias obras más de drenaje y reposición de servicios.

Las obras, tras un estudio en el que se han analizado las zonas inundables, permitirán que el núcleo urbano de Adra no sufra inundaciones en un periodo de retorno de «500 años», según se detalló desde la Subdelegación del Gobierno.

El encauzamiento del río Adra es una de las asignaturas pendientes del Gobierno. Tras cuestionar su competencia, finalmente el Ejecutivo Central asumió este proyecto que servirá para evitar inundaciones como la riada de 1973.