Manuel Cortés apela al informe de Costas para defender la licencia de obra ante el juez

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, declaró ayer ante el juez para defenderse del presunto delito de prevaricación urbanística que le atribuye la secretaria local del PSOE, Teresa Piqueras. El regidor abderitano reiteró su inocencia y apeló al informe favorable del Servicio Provincial de Costas para dar luz verde a la licencia de obras que se cuestiona. En esta misma línea declaró también la técnico municipal investigada, que solicitó el sobreimiento libre y total de la causa.

Acompañado por parte de su equipo de gobierno, Cortés comenzó su declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Berja pasadas las diez y cuarto de la mañana de ayer. Durante algo más de 20 minutos, según fuentes consultadas, el primer edil respondió a las preguntas planteadas por la jueza y por los abogados de todas las partes representadas. En su defensa, se remitió al informe de Costas que determinó -con fecha de octubre de 2019- que el edificio está fuera de la zona de servidumbre. En este mismo documento, se autorizaron también las conexiones con los servicios públicos. Con todo, el Ayuntamiento emitió informe técnico favorable.

La técnico municipal que lo suscribió entonces también declaró ayer ante el juez en calidad de investigada y, al igual que el alcalde, sostiene que la querella presentada por la líder socialista carece de base documental y de fundamento jurídico.

Supuesto trato de favor

En concreto, la licencia de obra mayor objeto de la querella se concedió a la familia de Pedro Peña, entonces concejal de Ciudadanos y, desde las últimas elecciones municipales, miembro del equipo de gobierno de Cortés y responsable del área de Deportes del Ayuntamiento de Adra.

El inmueble es un edificio «de tres viviendas y loca» en la calle Carrerilla de Guainos Bajos, en el término municipal de Adra. Según sostiene el PSOE, la parcela se encontraría afectada parcialmente por la zona de servidumbre y protección y el área de Urbanismo, en un «claro ejercicio arbitrario de poder», otorgó la licencia de obra mayor. Sin embargo, el equipo de gobierno de Manuel Cortés apunta lo contrario, que la licencia contaba con informe previo favorable de Costas. Practicadas las diligencias acordadas, el juzgado tendrá la última palabra.

«Fuera de dominio público»

Según consta en uno de los informes emitidos por la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo, al que ha tenido acceso IDEAL, la administración competente constata que el edificio para el que se solicita conexión con los servicios públicos existentes «está fuera del dominio público marítimo terrestre y de la servidumbre de protección». «Dado que el edificio se proyecta fuera de la servidumbre de protección y que la conexión de los servicios municipales se proyecta mediante su entronque con los servicios municipales existentes integrados en la calle Carrerilla, no se considera que afecten negativamente al Dominio Público Marítimo Terrestre por lo que se informa favorablemente», concluyen desde el Ministerio de Transición Ecológica, a 31 de octubre de 2019.