Carboneras multiplicará por diez los atraques náuticos en 4 años

La Junta de Andalucía quiere solventar ese déficit. Y en ese camino han ido la ampliación del puerto de Garrucha o la reordenación del de Adra. Y en ese camino también irá una de las principales infraestructuras planificadas por la Junta para Almería en los próximos años. Carboneras, en una situación privilegiada del litoral, junto al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, será el objeto de este crecimiento. La Junta de Andalucía va a licitar cuarenta millones de euros en obras a cambio de la gestión económica de la infraestructura. Es decir: una concesión administrativa a cuarenta años que supone una inversión de casi 40 millones a cambio de los ingresos por la explotación.

Esta fuerte inversión en la infraestructura costera tendrá un impacto muy importante en los usos del puerto, hasta ahora mayoritariamente para la actividad pesquera. En las actuales dársenas carboneras sólo hay espacio para poco más de 80 atraques náuticos. En cuatro años -lo que está previsto que duren las obras- pasará a tener diez veces más, unos 864 norays para la actividad lúdica, sin mermar, no obstante, la capacidad pesquera.

La intervención de las obras, que supondrá una inversión de unos 40 millones de euros, conllevará asimismo 307 nuevos puestos de trabajo asociados (184 directos y 123 indirectos) e incluirá la ampliación exterior hacia Levante con una nueva dársena náutico-recreativa y un varadero, además de la ordenación de todo el conjunto. Asimismo, se configurará una nueva fachada portuaria de usos complementarios en los espacios de ribera, mientras que la actividad pesquera se concentrará en la dársena interior.

La concesión por el método de colaboración público privado es hasta ahora una 'rareza' en la gestión de la Junta. Sólo se va a aplicar en el corto plazo para la ejecución de la Autovía del Almanzora y de la ampliación de las dársenas náuticas en Carboneras. No obstante, el próximo año va a ser el método más habitual en la gestión de la Junta. La propia consejera explicó que la prioridad de la Administración autonómica sigue siendo la política social -salud, educación y bienestar-. Y para las infraestructuras, la asunción de la financiación por parte de las empresas pasa a ser un método de viabilidad para seguir ejecutando obras que se irán pagando poco a poco y por cuotas en las próximas décadas.