Adra llevará al juzgado a la Junta si no limpia y encauza el río

Adra llevará al juzgado a la Junta si no limpia y encauza el río
  • El Ayuntamiento de Adra emprenderá acciones administrativas y/o judiciales contra la Junta de Andalucía para conseguir la limpieza y encauzamiento del Río Adra, para prevenir inundaciones.

En el Equipo de Gobierno están literalmente hartos de esperar y de escuchar desde Medio Ambiente que se está haciendo el proyecto o que la obra se hará más adelante, y tras años de reivindicaciones y reuniones ayer se aprobó en pleno tomar medidas, un punto polémico que contó con el voto favorable del PP y la abstención del PSOE .

Y es que según argumentó el alcalde, Enrique Hernando, «no podemos esperar más» y ya en la comisión informativa alertó de que «hace un par de inviernos, entre el agua de lluvia y el desagüe del pantano el río estuvo a punto de desbordar. El río está en un estado lamentable».

Y desde el Ejecutivo quieren que se realicen las obras de encauzamiento, limpieza y defensa del Río Adra, en cumplimiento del Decreto 189/2002 por el que se aprobó el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, que clasifica las actuaciones a realizar según su nivel de riesgo. «Se consideran actuaciones prioritarias del Plan las relativas a los puntos con nivel de riesgo A», dice el plan, y se clasifica a la zona del Río Adra como A3.

El edil de Urbanismo y Medio Ambiente, César Arróniz, defendió la necesidad de urgencia y puntualizó los argumentos de los socialistas, que recordaron que dentro de las actuaciones prioritarias el río Adra era A3, calificándolo de riesgo de menor intensidad. Arróniz matizó que en el decreto se establece que para las actuaciones prioritarias «las administraciones públicas establecerán la máxima diligencia en su ejecución. Y estamos dentro del 10% de las actuaciones más urgentes que se deben llevar a cabo».

Diagnóstico

El edil dijo que el diagnóstico realizado para el plan de prevención se había hecho sobre un caudal de 990 m3/s pero «la Junta de Andalucía en enero de 2011 nos comunicó que según nuevos estudios realizados en la cuenca del Río Adra el caudal a considerar debe ser de 1.258, 30% superior al del estudio realizado en 1997 y sobre cuya base ya nos clasificaban con actuación prioritaria de riesgo A3, diferencia que nos hubiera hecho subir en cuanto a la evaluación del nivel de riesgo si los datos se hubieran conocido al redactar el decreto».

Pero es más, «según establecía el decreto ya en 2002, una de las causas principales del riesgo al que nos vemos sometidos es la elevación del nivel de base de concentración de depósitos en el río, y según un informe de Protección Civil de Adra en los últimos años se ha incrementando aún más la elevación, lo que unido a la saturación provocada por la vegetación ha provocado que la sección real del cauce haya disminuido de forma más que considerable. Si antes estábamos clasificados como A3 ¿cual es nuestra verdadera clasificación con estos nuevos factores? ¿debemos escucharla para actuar? nosotros creemos que no».

Y a ello se une el hecho de que «en 2008 la Consejería de Medio Ambiente estudió la inundabilidad de nuestro municipio, con resultados escalofriantes: parte de nuestra población consolidada (zonas donde reside gente) se encuentra afectada por la llanura de inundabilidad prevista. Estamos ante un riesgo existente para nuestros ciudadanos», defendió el concejal.

Por su parte el PSOE no era partidario de realizar «esos enfrentamientos entre administraciones», según el edil José Albarracín, quien estando de acuerdo con la necesidad de actuar pidió que se tomasen acciones administrativas pero no judiciales, puesto que «el Ayuntamiento no tiene competencias en el río y además el plan de actuaciones es de 2002 a 2015, por lo que no se ha terminado el plazo para actuar». Ese debate ya había surgido en la comisión, donde al alcalde argumentó que «es verdad que el río no es nuestro pero sí es mi competencia la defensa del campo y los abderitanos».

Y en cuanto a los plazos, el edil de Urbanismo consideró que si Adra está dentro de las actuaciones más urgentes «ya debería haberse actuado, si no en la primera fase, hasta 2006, en la siguiente, y ya estamos en 2012». El Ejecutivo aprobó tomar medidas primero administrativas y después judiciales si la administración andaluza continúa «pasiva» ante la gravedad de la situación.