Soluciones a la crisis desde la asamblea del 15m de Adra por una democracia real !!ya¡¡

El dinero público se está utilizando para fines muy lejanos de los intereses de la ciudadanía, y cada mes, cada semana y casi a diario nos sorprenden como vamos perdiendo poder adquisitivo, como perdemos el empleo, como tenemos que pagar por los servicios sociales básico o nos hurtan nuestro patrimonio público.

La política actual de recortes hacen perder poder adquisitivo a las familias que compran cada vez menos, empeora las cuentas del estado, menos capacidad de pagar deuda, ..., más ajustes y más recortes, llevándonos a una especial de pobreza y destrucción de derechos sociales.

La única forma de salir de la crisis es cambiando el modelo social y que se gobierne y gestione para que la ciudadanía tenga cubiertas sus necesidades y haya trabajo, acabando con el despilfarro.

Son muchas medidas las que se pueden recoger y aquí apuntamos algunas que se están proponiendo desde muy distintos foros, y que son de sentido común, el que aplica por lógica para sobrevivir tantas madres y padres en sus casas.

La Asamblea del 15M de Adra, planea aquí algunas que se ha recogido de distintos foros, demostrando que hay un sinfin de fórmulas prácticas a poder desarrollar para afrontar la situación sin tener que fastidiar y empobrecer más a la ciudadanía.

ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:

1. Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.

2. Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Mismos derechos sociales y laborales para los políticos y los ciudadanos. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.

3. Que los cargos políticos no tengan "fuero" judicial, eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

4. La jubilación de los políticos, cuantía y periodos de cotización, igual al resto de ciudadanos.

5. Suprimir la pensión vitalicia y/o salarios vitalicios de todos los diputados, senadores y demás cargos públicos que lo tengan al dejar la responsabilidad que tuviere.

6. Aprobar mediante Ley los salarios y bajarlos considerablemente los de los cargos públicos, diputados, parlamentarios, euro parlamentarios, alcaldes, concejales, presidentes y diputados de Diputaciones, etc . Sueldo máximo igual al sueldo del funcionario de nivel máximo... equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español. Las dietas que se paguen deben de ir destinadas a cubrir los gastos de comida, alojamiento y transporte, y han de estar regulados en relación a su cuantía y uso para el ejercicio de sus funciones.

7. Reducción del número de Diputados del Congreso y Parlamentarios autonómicos.

8. Eliminar los pagos por asistencia a plenos, comisiones, reuniones o conceptos de este tipo.

9. Aprobar mediante Ley la relación de coches oficiales que por nº de habitantes y otros criterios justificados, corresponden a cada administración.

10. Anular todas las tarjetas visa oficiales.

11. Reducción al mínimo de los teléfonos oficiales que utilizan los políticos.

12. Cancelar seguros médicos privados y otros seguros parecidos.

13. Si se dispone de servicios públicos en ningún momento se utilizará por un cargo público un servicio privado.

14. En el caso de responsabilidades personales a nivel jurídico y otras, la defensa legal debe financiada por ellos mismos y no por los fondos públicos de las administraciones que gestionan. Si la denuncia es relacionada con su función pública, en el caso de que la sentencia sea de "inocente", el gasto originado debe ser asumido por la administración a la que pertenece. Se deberá regular convenientemente, para que en el caso de que el afectado quiera recuperar los costes, se debe ajustar en sus gastos a lo regulado a la hora de contratar servicios jurídicos. Si es declarado "culpable" y ha estado utilizando los servicios jurídicos de la administración deberá también amortizar el coste de dichos servicios.

15. Si el despido de un trabajador en una administración pública es declarado por el Juzgado de lo Social como improcedente y la administración correspondiente opta por la indemnización en lugar de la readmisión ésta correrá a cargo del responsable político que tome la decisión, pagándola el mismo y no a cargo del dinero público.

16. Publicación obligatoria del patrimonio y los ingresos económicos de distinta procedencia de todos los cargos públicos.

17. Responsabilidad civil y penal de los gestores y de los organismos de control.

CONTRA EL DESEMPLEO:

18. Diseñar una Reforma Laboral que recupere los derechos laborales perdidos en las últimas Reformas, así como las medidas de impulso de creación y estabilización de empleo.

19. Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.

20. Protección frente a la libertad de despido. Reforma del Estatuto de los Trabajadores para erradicar el principio de despido libre. Cuando un despido sea declarado por el Juzgado de lo Social como improcedente le corresponderá al trabajador elegir entre la indemnización o la readmisión (este principio regía en la legislación laboral de 1.976).

21. Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada sin reducción salarial y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).

22. Restablecimiento de ayudas públicas como las del subsidio de 426 ?, pero con la obligatoriedad de desarrollar tareas públicas, trabajos sociales u otros necesarios para la administración, aumentando la cuantía que se da hasta llegar hasta el salario mínimo legal. Compatibilizándolo con la formación.

23. Jubilación a los 60.

24. Reducción y adecuación de lo que se ha de pagar de Seguridad Social por parte de las pequeñas empresas y autónomos.

25. Regular un sistema fiscal que sea más justo y sencillo, para autónomos, pequeños y medianos empresarios, son los que crean el 80% del empleo en España, considerándose de forma apropiada determinados tipos de trabajos temporales (artistas, artesanos, empleadas del hogar, ...), fomentando los pequeños productores.

26. Estudio y aplicación de ayudas eximiendo durante un determinado tiempo del pago a la Seguridad Social y otras contribuciones.

27. Facilitar y agilizar la creación de empresas.

28. Eliminación de las Empresas Temporales de Empleo.

29. Control de las horas extras según Ley, 80 horas al año.

30. Elaboración de un plan de urgencia por la igualdad como base de lucha contra la crisis y basado en la lucha contra la exclusión, el desempleo, la pobreza extrema y la violencia de género.

31. Implantación general de la semana laboral de 35 horas y racionalización de horarios.

32. Eliminación de las barreras para el acceso al crédito de las mujeres.

33. Plan de financiación urgente y extraordinaria de trabajadoras y trabajadores autónomos y de pequeñas y medianas empresas para garantizarles recursos suficientes que les permitan seguir desarrollando su actividad y vuelvan a crear empleo.

34. Plan de reconversión de las industrias y servicios con alto impacto ambiental hacia un nuevo modelo productivo.

35. Obligación de oferta pública de empleo, bien regulada y transparente, que acabe con los actuales vicios e irregularidades existentes, aplicable también en aquellas empresas privadas que tengan ayudas públicas a través de las cuales se generen puestos de trabajo, que debería cumplir esta norma.

36. Ayudas a la rehabilitación de viviendas, energías renovables, fontanería, instalaciones eléctricas, ...

37. Plan de erradicación de la economía sumergida.

38. Impulsar la creación de Cooperativas de Comercialización en sectores y productores como la agricultura y pesca en los que se venda directamente al consumidor y empresas del sector de hostelería y otros.

39. Por Ley eliminar el cierre de empresas públicas y la anulación de ayudas a sectores o empresas privadas que se vean abocadas al cierre, sin que previamente se les de una alternativa para que los puestos de trabajo afectados se vean garantizados y así poder mantener sus ingresos.

40. Reforzar la Inspección de Trabajo hasta alcanzar la media europea de un inspector cada 7.000 trabajadores. (En España la relación es de un inspector por cada 27.000).

41. Apoyo e impulso de la industria automovilística que emplee energías alternativa, desarrollando las infraestructuras adecuadas.

42. Control y democratización de los canales de distribución y comercialización del sector primario de la economía a fin de evitar situaciones de oligopolio que inciden negativamente sobre los precios pagados a los productores y sobre los precios pagados por los consumidores.

43. Eliminar las subcontratas que realiza la administración o las empresas públicas para realizar servicios de forma permanente, pudiendo hacerse directamente reduciendo costes y consolidando empleo.

DERECHO A LA VIVIENDA:

44. Control público de la venta y compra de primera vivienda.

45. Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido y V.P.O., suspender los procesos de ejecución de desahucios por el impago de hipotecas de los parados, continuando en sus viviendas y acordando un pago periódico entre administración y afectado, ajustándose a su cambio de situación laboral.

46. Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.

47. Que se regule por Ley la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

48. Puesta en marcha de medidas para evitar que cientos de miles de familias pierdan definitivamente sus viviendas, se queden sin servicios básicos de luz o de agua o sean desahuciadas por las entidades financieras que han provocado la crisis.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:

49. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.

50. Erradicación de la duplicidad de administraciones.

51. Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.

52. Prohibición de alquileres de inmuebles por la administración excepto en aquellos casos muy justificados y de forma provisional. En casos de necesidades de algunas administraciones que puedan ser cubiertas por otras, se regulará que los inmuebles sin uso puedan ser utilizados por la administración necesitada.

53. Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.

54. Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.

55. Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los postgrados al de los grados. Mantenimiento de becas adecuadas a los ingresos familiares y los resultados de los estudios.

56. Retirar la financiación pública a la educación privada.

57. Impulsar un Programa de Investigación e Innovación Tecnológica.

58. Priorizar y alcanzar un acuerdo en educación, consensuándolo con el sector.

59. Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.

60. Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.

61. Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

62. Regulación del uso y gestión de los espacios públicos como Centros Culturales, Casas de la Juventud, etc., a través de Consejos Municipales con participación de las asociaciones y Ayuntamiento, o el organismo correspondiente, cuya decisión sea vinculante.

63. Apoyo al sistema público de pensiones a través del incremento del empleo y la productividad.

64. Impulso de los programas de gasto social imprescindibles para lograr que se reactive la economía española equiparándolo en todo el territorio nacional a la media europea en educación, sanidad, pensiones, servicios de dependencia e igualdad.

65. Garantizar el pago de un mes las facturas que las empresas deben cobrar de las administraciones.

66. Adecuar el pago del IVA al cobro efectivo de la factura.

67. Impulsar programas municipales de ahorro energético.

68. Creación de parques municipales de energías renovables para autoconsumo, así como un programa de medidas energéticas aplicadas a edificios e infraestructuras municipales y viviendas, reduciendo la dependencia energética y de las energías fósiles.

69. Apoyo e impulso a sectores emergentes como las energías renovable o agricultura ecológica entre otros.

70. Desarrollar programas que garanticen que la agricultura ecológica disponga de sus propias semillas y se creen bancos de semillas que conserven la biodiversidad de especies agrícolas, garantizando la independencia de las actuales multinacionales del sector agrícola.

71. Aprobar mediante Ley que los Servicios Públicos de primera necesidad o estratégicos solo pueden ser gestionados desde la administración pública: educación, cuidado de la infancia y la adolescencia, atención a la tercera edad y a las personas dependientes, salud, suministro de agua potable y el sistema de aguas residuales y otros vertidos, suministro energético, transporte público, servicio de correos, deporte y cultura, no se pueden considerar mercancías sino servicios públicos que dependen de la responsabilidad pública. Por ello no se les puede someter al principio de la competitividad del coste más bajo y el máximo beneficio, sino a criterios de eficiencia social. Solo en determinados supuestos muy justificados puede darse la participación de la empresa privada pero exclusivamente a nivel de cooperativas evitando la entrada de intereses exclusivamente económicos y alejados de principios sociales que si cumplen las cooperativas.

72. Revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado. Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato en esas condiciones.

73. Puesta en marcha de un Plan de Control interno del gasto público y de la calidad y eficiencia del mismo con los siguientes elementos:

a) Centralización de los gastos de promoción, publicidad etc. a nivel de Departamento, Consejería, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.

b) Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.

c) Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).

d) Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, ente, etc. de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte al menos dos representantes de los trabajadores. Será competente para examinar y dictaminar sobre el control de la contratación pública, de la subcontratación de servicios y proyectos, gastos de promoción y publicidad, obras de reforma, servicios de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría y todos los demás especificados en las propuestas anteriores. Sus dictámenes serán públicos y enviados de oficio, en su caso, tanto a la Intervención General del Estado como al Tribunal de Cuentas correspondiente.

EMPLEADOS PÚBLICOS

74. Cancelación de los seguros médicos privados u otros servicios privados, que se les pueda prestar desde las instituciones públicas.

75. Los gastos considerados "indemnizaciones por prestación de servicios" se eliminen. Se gestionen mediante un sistema que cubra realmente el gasto real y razonable.

76. Adecuación de los salarios reduciendo los de los empleados públicos en los niveles superiores, directivos y cargos de confianza, aprobando y publicando la tabla salarial correspondiente.

77. Eliminación de los cargos de asesor remunerados.

78. Supresión de retribuciones por asistencia a reuniones o Consejos, del tipo que sea.

79. Elaboración de un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida, y de un programa de compras de materiales comunes a las empresas públicas y administraciones para reducir costes, así como un código ético en la aceptación de regalos.

CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:

80. Creación de una Banca Pública.

81. Impulsar y regular la Banca Ética.

82. Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.

83. Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.

84. Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.

85. Prohibición inmediata de la actividad de los bancos y cajas de ahorros españoles en paraísos fiscales.

86. Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

87. Los rescates no deberían ser considerados deuda pública, sino que deberían ser tratados como préstamos separados, a pagar por la misma banca y no por toda la sociedad.

88. Renegociación del pago de la deuda pública generada por la crisis bancaria primando los intereses generales del Estado y de la sociedad.

89. Revisión de las operaciones abusivas cometidas por la banca en los últimos años e indemnización a los clientes por los daños y pérdidas ocasionados.

90. Creación de una banca pública a través de la que se gestione los fondos dirigidos a empresas y autónomos, con principios éticos y de total servicio público.

91. Una democracia real en las instituciones europeas y la supeditación del Banco Central Europeo a los objetivos de creación de empleo y bienestar en Europa.

92. Eliminación de las retribuciones por participar en los Consejos de las Cajas de Ahorros, solo tendrán derecho a que los gastos sean cubiertos por dicha Caja.

FISCALIDAD:

93. Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas.

94. Aumento en el impuesto sobre beneficios (Impuesto de Sociedades) de las entidades, sociedades e instituciones de intermediación financiera (Bancos, Cajas, Compañías de Seguros, Sociedades de Cartera, etc.)

95. Recuperación del Impuesto de Sucesiones para fortunas medias y grandes fortunas a partir de 300.000 ?.

96. Recuperación del Impuesto de Patrimonio.

97. Establecer un IVA especial al 25% (o en caso necesario un Impuesto especial) para bienes de consumo de lujo, joyas, abrigos y prendas de piel, aeronaves y embarcaciones de vela y motor cuyo uso no se destine al comercio marítimo o a la pesca profesional, etc.

98. Reducción del IVA a productos de primera necesidad así como a las compras de materiales y productos necesarios para la rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que en la factura figure como comprador el dueño o inquilino de la vivienda.

99. Eliminación de las SICAV, Sociedad de Inversión de Capital Variable.

100. Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.

101. Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

102. Suprimir la financiación pública de partidos políticos, sindicatos, gremios patronales y entidades religiosas.

103. Eliminar las partidas 4, 6 y 7 de los presupuestos generales del estado (transferencias a sindicatos, partidos políticos, fundaciones opacas) se ahorrarían más de 45.000 millones de euros.

104. La recaudación de determinadas sanciones como las relacionadas con el medio ambiente, salud, tráfico,... deben invertirse en resolver los problemas, necesidades o carencias del sector correspondiente.

105. Plan urgente contra la economía sumergida, contra el fraude y la evasión fiscal, fortaleciendo los equipos de inspección.

106. Prohibición de acceder a contratos públicos para aquellas empresas que operan o estén relacionados con los paraísos fiscales.

107. Reforma fiscal basada en la tributación sobre las grandes fortunas y patrimonios, sobre los beneficios de los bancos, de las grandes empresas, y sobre las transacciones financieras especulativas ITF.

108. Que la iglesia pague sus impuestos correspondientes, entre ellos el IBI.

109. Aprobar una Ley de Fiscalidad Medioambiental que aplique medidas de fiscalidad verde para gravar las actividades que perjudiquen el medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables.

110. Aplicar la Tasa Tobin como una herramienta para financiar iniciativas industriales innovadoras en los sectores estratégicos para un desarrollo justo y sostenible

111. *La lucha contra el fraude, clave para salir de la crisis.- El mayor potencial recaudatorio se encuentra en la lucha contra el fraude, ya que sólo reduciendo en diez puntos la tasa de economía sumergida -hasta situarla al nivel de la media europea- se obtendrían más de 38.500 millones de euros adicionales cada año, casi cuatro veces más que con una subida de dos puntos en el IVA.

112. *Creación de un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros de facturación, que son declaradas sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas, es otra de las partidas más razonables para asegurar el cumplimiento del déficit del 3% del PIB comprometido para el ejercicio 2013. Esta única medida permitiría recaudar 13.943 millones de euros adicionales durante el próximo año, además de mejorar la equidad del sistema fiscal al reducir las diferencias entre el menor tipo efectivo de las grandes corporaciones y el mayor de microempresas y pymes, acercando así el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas.

113. *Impuesto sobre la Riqueza, que supere los defectos y cierre las vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio parcialmente recuperado para 2011 y 2012, lo que podría triplicar la recaudación hasta los 3.400 millones.

114. *Coordinación efectiva entre los diferentes órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, con mayor transparencia de la actividad desarrollada por los mismos y claridad de la información de las cuentas públicas.

115. *Que los entes públicos dependientes se sometan al control de la Intervención como consecuencia de su financiación con recursos públicos.

116. *Reorganización en profundidad del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que permita a los técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del gasto público e investigar a las grandes fortunas y empresas, responsables del 72% de la evasión fiscal, podría recaudarse unos 6.200 millones de euros anuales.

117. *Limitación en el pago en efectivo a 1.000 euros.

118. *Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública española permitiría, entre otros efectos, reducir la especulación que genera unos sobrecostes de más de 1.400 millones de euros en la financiación del Estado.

119. *Modificar la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de tal forma que se establezca un porcentaje máximo de participación en las SICAV de entre el 2% y el 5% del capital social, para evitar la elusión de las grandes fortunas en el IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio sería necesario.

120. *Anticipar al próximo mes de julio el aumento de la restricción al sistema de módulos, tributando en estimación directa, salvo para los empresarios que destinen sus bienes o servicios exclusivamente al consumidor final -no empresario-. Con esta medida se evitaría la pérdida recaudatoria que sufre el Tesoro por el mayor importe de los gastos e IVA deducidos por las facturas recibidas de los autónomos en módulos frente a lo ingresado por el módulo de estos autónomos.

121. *Aumentar el tipo de la Renta del Ahorro del IRPF a un mínimo del 24% (el tipo marginal mínimo de la renta general), así como excluir las ganancias patrimoniales especulativas -principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios- del concepto de rentas del ahorro, con el que se obtendrían casi 1.380 millones de euros adicionales en términos anuales.

122. *Procurar el acuerdo en la Eurozona para implantar el Impuesto a las Transacciones Financieras que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno a los 4.500 millones que nuestro país podría dedicar para restablecer la ayuda al desarrollo y lucha contra la Pobreza; y si el acuerdo se retrasa más allá de la presidencia danesa de la UE, España podría implantarlo unilateralmente.

123. *Esta medida se complementaría con que el Gobierno podría instar un acuerdo en la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de personas o empresas que operen o sean titulares de bienes o derechos en paraísos fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas para reducir la factura fiscal internacional de las grandes corporaciones trasnacionales (precios de transferencia, holding, ETVE, etc).

124. *No subir el IVA, es una medida "injusta" porque aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas y es "regresiva" porque afecta más a los ciudadanos con bajos ingresos -pensionistas y mileuristas- que a los que disponen de más recursos: mientras los primeros dedican sus ingresos íntegramente al consumo -sujeto al IVA-, los segundos además de consumir tienen posibilidad de ahorrar, capítulo sobre el que no se aplica este impuesto.

125. Programa para que los pagos a la Seguridad Social de deudores como grandes empresas y administraciones cumplan sus obligaciones fiscales, no puede tener ninguna administración deudas con la Seguridad Social.

CAMBIOS EN INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES:

126. División absoluta de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial ?Tribunal Supremo, T. Constitucional, ...) que garantice la total independencia de los mismos.

127. Suprimir del Senado, es un órgano que no es útil y causa un enorme gasto en las arcas públicas.

128. Suprimir la monarquía. La existencia de cargos y títulos hereditarios en la estructura de gobierno del estado. La monarquía hereditaria, que la figura del Jefe del Estado se herede es una anacronía intolerable, como el resto de títulos nobiliarios que sólo se corresponden con estructuras de poder feudales, más propias de la edad media. Los gobernantes, desde el primero al último escalón de las administraciones, han de ser elegidos directamente por sufragio universal, libre y directo.

129. Suprimir las Diputaciones provinciales, fomentando la cooperación y coordinación entre municipios a través de entidades comarcales.

130. Suprimir los diplomáticos, un embajador y un cónsul en cada país, (gastamos más que Alemania y el Reino Unido).

131. Responsabilidad fiscal de los cargos políticos y funcionarios de la Administración Pública.

132. Eliminación de la figura del "asesor" contratado y del "cargo de libre designación o de confianza" (hay funcionarios cualificados), excepto en casos muy justificados, con un límite presupuestario por persona y total.

133. Regular la coordinación entre administraciones, para que no suceda que nadie asuma un problema y no se resuelva como suelen hacer diciendo "esto no es de mi competencia, le corresponde a ..."

134. Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.

135. No realizar en el congreso y senado traducciones a los idiomas de las diferentes autonomías españolas, puesto que todos los diputados y senadores hablan el español.

136. Plan de austeridad orientado a la reducción de gastos superfluos en la administración.

REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR

137. Reconversión industria militar relacionada con la fabricación de armas.

138. Que las tropas españolas no estén fuera del país, excepto en misiones estrictamente humanitarias.

MEDIDAS PROPUESTAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

139. Somos contrarios a la venta del patrimonio público de inmuebles, mientras que por otro lado se realiza un pequeño recorte en los alquileres, lo que es un contrasentido. Estaría bien conocer al detalle que inmuebles y a qué precio se pretenden vender y que inmuebles tienen actualmente en alquiler, nos llevaríamos muchas sorpresas.

140. Estamos en contra que se elimine la acción social, cuando se dirige precisamente a las personas con salarios menores y de supervivencia, mientras los niveles de salarios medios y altos no tienen ningún tipo de problema para acceder a todos los servicios que requieran.

141. Eliminación de las empresas subcontratadas y que realizan servicios permanentes, siendo internalizados dichos empleos, eliminando así estructuras de directivos que suponen una mayor cuantía económica para la administración.

OTROS

142. Control de Precios al consumo hacia el mercado justo.

143. Medidas de fomento del consumo de productos locales.