El agricultor abderitano Francisco Ortiz podrá limpiar su nombre ante un juez

Los hechos se remontan a 2004, cuando este agricultor, «a través un transportista», llevó una partida de 674 kilogramos de pimiento morrón rojo recolectados en su finca a la alhóndiga 'La Unión', situada en el paraje 'Cuatro Higueras', «con la intención de venderlos».

 

Durante ese mismo día, 24 de febrero de 2004, inspectores de Calidad de la Delegación de Agricultura llevaban a cabo labores de control en la misma alhóndiga para comprobar que todos los productos que estaban a la venta, cumplían la legalidad en materia de vigilancia de residuos de productos fitosanitarios en origen, así como los límites máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal.

Durante el reconocimiento, los inspectores hallaron una partida de pimientos que contenía 0,01 miligramos de 'Clorfenapir' y la misma cantidad de 'Fipronil', dos químicos supuestamente tóxicos para el ser humano. Tras el primer análisis, la inspección llevó a cabo el reglamentario contra-análisis para verificar el positivo inicial.

Tras obtener los resultados de esta última prueba, en la que también dio positivo por toxicidad, pero esta vez solo por 'Clorfenapir', los inspectores preguntaron por el dueño del género intoxicado, y trabajadores de 'La Unión' indicaron que los 674 kilogramos de pimiento morrón rojo que habían dado un análisis positivo de toxicidad eran propiedad de Francisco Ortiz Rodríguez.

«A los pocos días de haber dejado el género en la alhóndiga, recibí una carta diciéndome que se me había sancionado por una partida tóxica y además indicaban que los pimientos se habían inmovilizado para su venta», indica Francisco Ortiz, que señala que su «sorpresa» llegó «cuando me doy cuenta que, a pesar de la sanción, La Unión, autorizado por la Junta de Andalucía, vende la supuesta partida intoxicada, a pesar de haberla paralizado».

Alegaciones y sanción

A raíz del positivo por 'Clorfenapir', Francisco Ortiz inicio un periodo de alegaciones y recursos que no obtuvieron ningún fruto para demostrar su inocencia.

Llegados a ese punto y sin poder frenar una sanción que por aquel entonces rondaba los 7.000 euros, la demanda señala que la Administración «dejó de contestar las alegaciones del agricultor».

Según destaca Ortiz, «pensé entonces que había dado la razón». Pero nada más lejos de realidad, porque la delegación de Agricultura «me estaba mandando notificaciones a un domicilio que al parecer constaba como el mío, pero del que yo no vivía desde hace quince años».

Por este motivo, señala que no supo que la sanción seguía su curso hasta que en 2008, «al representado se le embargan todas las cuentas».

A día de hoy, tras ocho años desde que fue sancionado, Francisco Ortiz ha tenido que vender una de sus fincas para hacer frente a una sanción que superaba los 10.000 euros. Si bien, el agricultor podrá defender su inocencia delante del magistrado del Juzgado de lo Contencioso número Dos de Almería.

La demanda aceptada a trámite señala una serie de «irregularidades cometidas» por la Administración. Entre ellas, la imputación a Francisco Ortiz de una infracción «que ha sido aplicada erróneamente» a tenor de las presunciones recogidas en el artículo 57 de la Ley 43/2002, donde se establece que la sanción tendría que haberse aplicado contra el responsable de etiquetar el producto, en este caso, contra La Unión.