Desestiman la demanda de un agricultor de Adra sancionado por una partida tóxica de pimientos

 

La sentencia, contra la que cabe recurso, suma un capítulo más a los ochos años de lucha de Francisco Ortiz para «limpiar su imagen como agricultor».

El pasado mes de enero, el Juzgado de lo Contencioso número Dos de Almería aceptó a trámite su demanda con el objetivo de anular la sanción, que ha obligado a Ortiz a vender una de sus fincas para hacer frente a una sanción que superaba los 10.000 euros. La demanda aceptada a trámite señalaba, entre otros aspectos, una serie de «irregularidades cometidas» por la administración. Entre ellas, la imputación a Francisco Ortiz de una infracción «que ha sido aplicada erróneamente» a tenor de las presunciones recogidas en el artículo 57 de la Ley 43/2002, donde se establece que la sanción tendría que haberse aplicado contra el responsable de etiquetar el producto, en este caso, contra alhóndiga La Unión.

En un domicilio «fantasma»

El hecho de no haber seguido los trámites de la administración para hacer frente a la sanción, han provocado que dichas «irregularidades» no hayan sido tomadas en cuenta por el magistrado. Y es que en 2004, la administración notificó la multa, abrió un plazo de alegaciones, se publicó un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y también el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Adra. Sin embargo, según alegó Ortiz, dichas notificaciones llegaron a un domicilio en el que no residía desde hacía quince años. Algo que provocó que Ortiz, que recurrió la sanción, no se percatara que la multa siguió su trámite hasta 2008, fecha en la que le bloquearon las cuentas por dicha sanción, que con los intereses se había situado en torno a los 7.000 euros.

Los hechos que provocaron esta situación se remontan a 2004, cuando este agricultor llevó una partida de 674 kilogramos de pimiento morrón rojo recolectados en su finca a la alhóndiga 'La Unión', «con la intención de venderlos». Durante ese mismo día, 24 de febrero de 2004, inspectores de Calidad de la Delegación de Agricultura llevaban a cabo labores de control en la misma alhóndiga para comprobar que todos los productos que estaban a la venta, cumplían la legalidad en materia de vigilancia de residuos de productos fitosanitarios en origen, así como los límites máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal.

Durante el reconocimiento, los inspectores hallaron una partida de pimientos que contenía 0,01 miligramos de 'Clorfenapir' y la misma cantidad de 'Fipronil', dos químicos supuestamente tóxicos para el ser humano. Tras el primer análisis, la inspección llevó a cabo el reglamentario contra-análisis para verificar el positivo inicial.

Tras obtener los resultados de esta última prueba, en la que también dio positivo por toxicidad, pero esta vez solo por 'Clorfenapir', los inspectores preguntaron por el dueño del género intoxicado, y trabajadores de 'La Unión' indicaron que los 674 kilogramos de pimiento morrón rojo que habían dado un análisis positivo de toxicidad eran propiedad de Francisco Ortiz.

«A los pocos días de haber dejado el género en la alhóndiga, recibí una carta diciéndome que se me había sancionado por una partida tóxica y además indicaban que los pimientos se habían inmovilizado para su venta», indicó Ortiz, que señaló que su «sorpresa» llegó «cuando me doy cuenta que, a pesar de la sanción, La Unión, autorizado por la Junta, vende la supuesta partida intoxicada, a pesar de haberla paralizado».