España, superávit en desahucios

Este es el momento en el que se descubre que la escritura de préstamo blinda a una de las partes y deja totalmente desprotegidos a la otra.

Lejos quedan aquellos días en los que el director de oficina ofrecía liquidez casi ilimitada a las familias.

 

Las tasaciones de los bienes, en lugar de regirse por indicadores unificados, se establecían con la comparación como medida de referencia. No satisfechos con esto, desde las propias oficinas se pedía a la empresa de tasación el aumento de la cifra, hasta satisfacer los requisitos del banco o caja en cuestión.

Esto, sumado al imparable sector de la construcción y la nula regulación del alquiler, hizo que cientos de miles de familias se endeudaran, buscando estabilidad de cara al mañana.

Desde el comienzo de la crisis, el sector del autónomo, caracterizado por su estructura familiar, con una media de tres trabajadores a su cargo, tomó como recurso para seguir adelante con la actividad la refinanciación por medio de hipotecas en las que se utilizaba la vivienda familiar como aval.

La bajada incesante y generalizada de ingresos pone en peligro la vivienda familiar. Todo esto, unido a la bajada en la demanda de viviendas y al nulo crédito para viviendas que no hayan sido embargadas por las entidades bancarias hace que, lejos de posibilitar la venta de la vivienda o local comercial para saldar la deuda, sea ésta la deuda la que arrastre al emprendedor al cese de su actividad productiva y al desahucio.

Al sector financiero le han llegado 60.000 millones de euros de rescate. Justo sería también que se rescate a quienes corren el riesgo de perder su vivienda por una insolvencia sobrevenida no dolosa. Las cajas de ahorros y los bancos reciben dinero del Banco Central Europeo en condiciones muy ventajosas, incluso al 0% de interés y con dos años de carencia, justo es también que parte de ese dinero sirva para aliviar la situación de quienes han sido víctimas de una crisis causada en su origen por los abusos de la economía financiera. O como mínimo, que estuviesen obligados a refinanciar las hipotecas, de forma que hiciese posible el pago, sin estar continuamente penalizados con abusivas comisiones de demora.

Las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado: en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 350.000. Está en riesgo la paz social, no se sabe el tiempo que los ciudadanos seguiremos viendo cómo se suicida gente humilde y trabajadora a quienes después de una vida de sacrificio les arrebatan su casa, a sabiendas de que hubiese sido posible llegar a un acuerdo.

En Adra también tenemos varias familias en situación desesperada.

Necesitamos soluciones duraderas y dignas para los deudores, un marco legal que impida los abusos de algunas entidades bancarias, incluso las asociaciones de magistrados y fiscales lo han pedido, destacando que la Dación en Pago podría ser una solución justa en muchos casos. Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados, denuncian los abusos de un sistema desfasado. La ciudadanía no puede quedar impasible ante esta situación.