La quiosquera de Berja, desahuciada

De hecho, ya ha comenzado a retirar sus pertenencias. Quiere poner fin a esta historia y comenzar de nuevo, aunque «con 53 años, no sé qué voy a hacer». Acostumbrada a trabajar de cara al público, en 2006 decidió pujar por este quiosco para convertirlo en su sustento económico. Consiguió hacerse con la adjudicación del suelo público, previo pago de 3.001 euros, y financiar con 120.000 euros su construcción. «Solo dos personas nos presentamos para hacernos con la adjudicación porque había que soportar el coste de construirlo», subraya. Convertido en bar y cafetería, el quiosco abre sus puertas en octubre de 2007. «Las cuentas iban bien» y Maite estaba dispuesta a renovar el contrato con el Ayuntamiento. Sin embargo, cuatro años después de la concesión y tras el cambio de color político en el Ayuntamiento, el equipo de gobierno de Antonio Torres -alcalde de Berja- decide recuperar los 36 metros cuadrados que ocupa este quiosco en pleno Paseo de Cervantes para su uso público y no renueva la concesión. Comienza la batalla legal.

En diciembre de 2011, Maite recibe una carta del Ayuntamiento que le indica su obligación de abandonar el quiosco. «No se me dio tiempo suficiente para rentabilizar lo invertido y decido, entonces, ponerme en contacto con un abogado y presentar una querella ante el Contencioso-Administrativo. La jueza paraliza el desalojo y se abre un periodo para la presentación de pruebas», explica. Mientras tanto, el quiosco sigue atendiendo diariamente a su clientela hasta que, en agosto de 2013, cierra sus puertas. «Lo tuve que cerrar por problemas de salud y porque no aguantaba más», justifica.

Finalmente, el juzgado da la razón en febrero de 2014 al Ayuntamiento de Berja y, el pasado lunes, PP y PSOE aprobaron por unanimidad el desahucio del polémico quiosco. «Esto es una injusticia porque han ido a por mí, me he sentido perseguida y he decidido poner fin a este daño gratuito», denuncia esta empresaria afincada en la zona desde hace más de 20 años. «Ahora me quedo con deuda y sin quiosco, pero ya no dispongo de medios económicos para continuar por la vía penal», reconoce.

Respaldo judicial Dos sentencias avalan la decisión del Ayuntamiento de Berja de no prorrogar el contrato firmado por Maite de la Calle en 2006 con el que fuera alcalde de Berja, el socialista Serafín Robles. Según se establece en el pliego de condiciones, la concesión se renovaría cada cuatro años con el consentimiento de ambas partes hasta un máximo de 75. No existe tal acuerdo y, por tanto, se ha actuado conforme a lo firmado, según el juez que ha resuelto el caso.

Sin embargo, Maite de la Calle se considera «víctima de una trifulca política». «Esto ha sido un ataque contra mi persona por parte del alcalde, probablemente, porque soy amiga del anterior alcalde y de su esposa. Se ha especulado mucho con este asunto y ya no puedo más porque también salpica a mis hijos que han sido señalados en el pueblo». «Yo no soy política, soy una madre trabajadora y se me ha hecho mucho daño», destaca. En cuanto a la decisión judicial, la empresaria considera que «han faltado pruebas que presentar» e insiste que «no es justa». «El quiosco era el negocio más legal de todo Berja porque, de lo contrario, me habrían obligado a derribarlo bajo la simple excusa de que no querían quiosco en el paseo», concluye.

Unanimidad

El desahucio del quiosco del Paseo de Cervantes fue el punto más importante del pleno ordinario celebrado el pasado lunes en el Ayuntamiento de Berja. Un punto que salió adelante por unanimidad, con el consentimiento del Partido Popular en el equipo de gobierno y del Partido Socialista en la oposición.

«El quiosco está dentro de una zona peatonal, frente a un colegio y una guardería, y lo que queremos es reorganizar este espacio público y recuperarlo para la ciudadanía», expone José Carlos Lupión, portavoz del gobierno municipal que preside Antonio Torres, alcalde de Berja. En contra de lo manifestado por la adjudicataria, Maite de la Calle, Lupión descarta con rotundidad que se trate de un asunto personal. «Ella firmó un contrato por cuatro años, renovables, sí, pero por cuatro años, y no debería asustarse. Además, tenemos dos sentencias que nos avalan», aclara.

Los socialistas también coinciden en este sentido con los populares, pero con matices. Su portavoz en el Ayuntamiento, Víctor Martínez, entiende que su partido está obligado a acatar la decisión judicial, que la rescisión del contrato para la ocupación del suelo público responde a lo firmado en la adjudicación y que los derechos del adjudicatario quedan extinguidos. Sin embargo, reconoce que cuatro años es «un plazo de tiempo escaso» para recuperar lo invertido. «La decisión de no renovar se tomó en su día en junta de gobierno y la oposición no puede intervenir porque no está presente, pero habríamos estado a favor de la prórroga para amortizar la inversión», apostilla. En cualquier caso, PP y PSOE votaron a favor del desahucio.