El PSOE de Adra apunta a un posible delito de prevaricación por la venta de parcelas

Desde las filas socialistas se 'recuerda' que ya en 2012 una sentencia consideró la venta de estas parcelas municipales «contraria al derecho» por optar por el procedimiento de subasta en detrimento del concurso público. Además, según argumenta la oposición, los seis millones de euros recaudados no se invirtieron en construir viviendas de protección oficial, tal y como establece la normativa vigente. Adra apenas cuenta con 13 viviendas de estas características. «Su venta no repercutió beneficio alguno a los abderitanos, ya que ni se sabe donde está el dinero, ni se construyeron las viviendas de protección oficial», apostilla Teresa Piqueras, secretaria del PSOE en Adra y candidata a la alcaldía. Piqueras mantiene que el voto de su partido fue contrario a aquel procedimiento iniciado hace ahora nueve años.

Por su parte, desde la plataforma vecinal que encabeza Esther Gómez se ha manifestado cierta «sorpresa» por la ausencia de esta comunicación en el último pleno. «El asunto tiene suficiente calado como para que el alcalde hubiera informado de ello al Pleno y sobre todo a los ciudadanos, porque estamos hablando de una cantidad del orden de mil millones de las antigua pesetas que entraron en las arcas municipales y se destinaron para hacer pagos de cosas en las que no podía emplearse ese dinero», afirma la también alcaldable por esta formación.

Actualmente el Ayuntamiento de Adra se encuentra a la espera de conocer el resultado de la demanda por impago presentada por la empresa concesionaria de la recogida de basura, CESPA, según apuntan tanto desde el PSOE como desde la Plataforma Ciudadana. El Consistorio, por su parte, no ha valorado la última sentencia del TSJA que rechaza su recurso de apelación y suscribe la emitida en 2012.

El PP habla de "alarmismo"

El PP de Adra ha justificado que el Ayuntamiento se acogió en 2006 a una «excepcionalidad» legal que permite destinar a infraestructuras lo recaudado por la enajenación de patrimonio  y que se optó por la subasta por considerarlo «más transparente».  Recuerda que gracias a esta operación se realizaron importantes obras de alcantarillado en las barriadas, entre otras. Los populares asumen este contencioso administrativo entre la Junta de Andalucía y el Consistorio como algo «habitual entre administraciones»,  desvinculado de cuestiones «ilegales». A su juicio, el PSOE apela a la «desinformación» y al «alarmismo» a pocos meses de las elecciones. «El PSOEno votó en contra», añaden.