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El PSOE pide 'pelos y señales' de la venta de parcelas en el Pago del Lugar

La supuesta venta irregular de parcelas en el Pago del Lugar vuelve a la palestra. El Partido Socialista ha solicitado al equipo de gobierno 'pelos y señales' de una operación que reportó más de tres millones de euros a las arcas municipales. El principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Adra ha trasladado el asunto al último pleno con el objetivo, subrayan desde la bancada socialista, de «esclarecer aún más» los hechos. En concreto, el Grupo Municipal Socialista que lidera Teresa Piqueras como portavoz ha pedido un informe de la inversión realizada. «Facturas detalladas con emisor, fecha, concepto e importe, basados en los tres certificados firmados por la interventora en funciones del Ayuntamiento de Adra que cuentan con el visto bueno de la ex alcaldesa, Carmen Crespo, en los que se verifican tres ingresos de 903.978,19 euros, 911.587,60 euros y 1.376.526,26 euros con fecha de 16 de julio de 2010», concretan. «Queremos que todo los vecinos sepan donde han invertido en realidad su dinero, ya que el PP anunció que iba a realizar 5.000 viviendas de VPO que se quedaron, años más tarde, en 13», puntualizan los socialistas quienes recuerdan que el proceso jurídico motivado por la venta de aquellas parcelas sigue abierto y las consecuencias, aún por determinar. «Estamos seguros que acabarán recayendo en los bolsillos de los abderitanos», apostillan.

María Torres

Viernes, 6 de mayo 2016, 11:20

El equipo de gobierno ha aludido al informe de Intervención Municipal que considera «suficientemente justificado» el destino de los ingresos obtenidos con la venta de parcelas en el Pago del Lugar. El documento también está amparado por la Junta de Andalucía. «Si nos ponemos a relacionar factura por factura, nos pueden dar las uvas», zanjó la portavoz, Carmen López.

Auditoría Por otro lado, el PSOE insiste en la necesidad de auditar las cuentas del Ayuntamiento, aunque acotando los años. «La práctica habitual en auditoría, tanto pública como privada, limita a tres o cuatro años el periodo de tiempo que técnicamente puede ser auditado, como consecuencia de la aplicación de los principios de evidencia y posible ratificación testifical, estimándose que una ampliación temporal haría imposible reconstruir los hechos objeto de la auditor», justifican. Este hecho desaprueba la auditoría acordada por unanimidad que contemplaba iniciar el estudio en 1991.

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