El Ayuntamiento amenaza con ordenar la venta forzosa del único hotel de Adra

Un cartel advierte al viandante del peligro de desprendimiento a su paso por el hotel Mirador de Adra y una nueva ordenanza obliga a sus propietarios a tomar cartas en el asunto. Cerrado desde hace cuatro años y con 60 habitaciones 'disponibles', su reapertura es para muchos vecinos fundamental para levantar el sector turístico en el municipio. Y para el Ayuntamiento también. Esta misma semana se ha iniciado el procedimiento para motivar su rehabilitación o, de lo contrario, ordenar su venta forzosa. La iniciativa del gobierno municipal ha recibido el respaldo unánime de la corporación. Desde el pasado 27 de febrero, fecha de entrada en vigor de la denominada Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificios Ruinosos de Uso Turístico, el propietario del inmueble está obligado a rehabilitar, conservar y mantener el edificio. Tal y como se recoge en la nueva normativa, su negativa u omisión podría desembocar en la venta forzosa de este hotel ubicado en primera línea de playa. La propuesta de inicio de la orden de ejecución es un «paso previo» a la entrada en funcionamiento de los mecanismos legales recogidos en la ordenanza, según han aclarado fuentes municipales. Este trámite contempla la elaboración de un informe detallado, a cargo de los técnicos municipales, sobre las obras y trabajos necesarios para que el inmueble cumpla con las exigencias legales establecidas para el uso al que está destinado. «En caso de que los propietarios del edificio del hotel no realicen las labores de rehabilitación y mantenimiento exigidas en el informe emitido por los técnicos municipales, el edificio pasará a formar parte del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas de uso Turístico. A partir de este momento, el Ayuntamiento continuará con el procedimiento que podría desembocar en la venta forzosa del inmueble mediante la convocatoria de un concurso público», matizan las mismas fuentes. El procedimiento iniciado, que prevé la tasación del inmueble para obtener su valor real de mercado, obliga al propietario del edificio a actuar dentro de unos plazos establecidos y a «asumir las cargas y gravámenes que pesen sobre el inmueble, en caso de que existieran».