La piscina municipal, con el agua al cuello

El futuro más inmediato de la piscina cubierta de Adra es una incógnita. La empresa que gestiona la instalación municipal desde su apertura, Sport Assistance Andalucía, mantiene su intención de abandonar la concesión el 30 de junio y los grupos políticos que integran la oposición se niegan a recompensar las pérdidas económicas que alega para frenar su marcha. De momento, de poco o nada han servido las reuniones mantenidas en el Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo. De estas negociaciones depende el puesto de trabajo de 14 personas y el servicio que se le presta a más de 600 usuarios.

El tiempo juega en su contra. Desde que la empresa concesionaria anunciase rescindir el contrato hace cuatro meses, los responsables de los grupos políticos con representación municipal se han reunido en cuatro ocasiones. El último encuentro tuvo lugar el miércoles pasado. Según fuentes consultadas por IDEAL, Sport Asistance Andalucía aceptaría seguir con la gestión de la piscina cubierta sólo a cambio de que el Ayuntamiento asumiera las pérdidas económicas que se generasen en el semestre. Una cifra que, aunque no se ha cuantificado formalmente, podría rondar los 15.000 euros. De lo contrario, el 30 de junio abandonará una concesión que asumió en 2008 por un periodo de 15 años.

Sin embargo, PSOE, Plataforma Ciudadana Abderitana y Cs no están dispuestos a seguir costeando un servicio que actualmente es deficitario. Recuerdan que ya en 2012 el Ayuntamiento de Adra perdonó a la empresa el canon anual que debía asumir por el uso de las instalaciones y, además, se hizo cargo del gasto en combustible. Se calcula que las arcas municipales han dejado de ingresar alrededor de 80.000 euros por este motivo. A juicio de Plataforma y Cs, el anuncio de rescindir el contrato es un «órdago» que la empresa concesionaria lanza como medida de presión. «El Ayuntamiento no puede ceder porque estaría cediendo toda la vida», justifican desde Cs. «Lo que pide la empresa es desmesurado, es una medida represora para obtener más dinero de las arcas municipales», añaden desde Plataforma.

Propuestas

A falta de 45 días para alcanzar la fecha anunciada por Sport Assistance Andalucía y abandonar la concesión, los partidos políticos han planteado sus propuestas para que el servicio pueda resultar rentable. El principal grupo de la oposición aboga por hacer más atractiva la instalación para ganar abonados. Crear una ludoteca que permita a los adultos practicar deporte mientras sus hijos juegan, redistribuir la sala de actividades dirigidas para abarcar a un mayor número de usuarios y estudiar posibles vías de financiación en otras administraciones para ampliar el edificio forman parte de la batería de ideas que sugiere el PSOE. El coste de estas mejoras «de carácter menor» lo asumiría el Ayuntamiento, según su planteamiento. «Esto no es dar dinero al empresario sino invertir en un edificio municipal», apostillan.

Por su parte, en Plataforma insiste en la necesidad de ofertar tarifas «más asequibles», con bonificaciones a familias, a desempleados y a personas con escasos recursos. Consideran importante fomentar la publicidad del servicio que se presta y atribuyen a la empresa «la mayor parte de responsabilidad» en el déficit de usuarios y en el desequilibrio económico. En este mismo sentido se ha manifestado Ciudadanos que, además de criticar la «desidia» de la empresa, matiza que legalmente «no puede abandonar el servicio». «El Ayuntamiento debe obligarle a que cumpla con el contrato», puntualiza Cs. En caso de rescindirlo, el Consistorio podría estudiar asumir la gestión con medios propios o adjudicar el servicio a otra empresa interesada para evitar su cierre.

Críticas

Trasladadas las propuestas, Plataforma ha optado por abandonar la comisión de trabajo creada para estudiar el futuro de la instalación. Acusa al equipo de gobierno de «dejarse chantajear» por la empresa y hace cómplice al PSOE de este «chantaje consentido». «Somos el único grupo que hemos hecho propuestas para que la empresa no haga chantaje al Ayuntamiento y se le obligue a seguir con la explotación y por tanto continúen los trabajadores», subrayan. El gobierno del PP ha declinado hacer declaraciones al respecto.