PSOE y PP piden juntos al Gobierno que encauce el río Adra

En su exposición, el parlamentario socialista Rodrigo Sánchez defendió que el proyecto está considerado en el Plan Hidrológico Nacional «de interés general», competencia exclusiva del Gobierno y de carácter prioritario. Además, el encauzamiento del río forma parate del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas con un presupuestos estimado de casi 10 millones de euros. Después de rebotar entre administraciones sin que nadie quisiera hacerse cargo, las competencias empiezan a dilucidarse.

Cruce de declaraciones

Aunque la iniciativa socialista salió adelante por unanimidad, ambos partidos expusieron sus matices. EL PSOE acusa a los diputados del PP de mantener un «silencio cómplice» en este sentido y lamenta que, tras el apoyo a la Proposición no de Ley, no se haya apostado también por pujar por una actuación similar en el río Antas.

Por su parte, el PP entiende que el encauzamiento del río Adra es un proyecto complementario al trabajo que debe asumir la Junta de Andalucía, que actualmente está limpiando el cauce. Según ha declarado el parlamentario popular Pablo Venzal, es imprescindible que el gobierno andaluz termine de acometer la primera fase de la limpieza e inicie la segunda para que el Gobierno pueda actuar. Venzal ha declarado que los trabajos de la primera fase, que arrancaron en octubre del año pasado, terminará en octubre de 2018 y que la segunda fase aún está en fase de redacción. Se refiere al acondicionamiento del cauce a su paso por Berja. «Nos parece razonable que se le pida al Estado que acorte los plazos propuestos anteriormente para la obra, 2021, pero también es cierto que esa urgencia debe comprender las actuaciones que tiene comprometida la Junta, es decir la limpieza de las dos fases del río Adra», ha manifestado. Esta petición fue incluida en una enmienda a la Proposición no de Ley presentada por el PSOE, pero fue rechazada. «El PSOE sólo pretende confrontar con el Gobierno», lamenta.

En cuanto a las cuestionadas competencias, Venzal no atribuye al Estado la obligación de asumir esta obra. «Todo lo que tiene que ver con la planificación e infraestructuras de las cuencas intracomunitarias está transferido a las Comunidades Autónomas», ha explicado. «El Estado acude en auxilio de la Comunidad Autónoma, que es la competente», ha añadido. El parlamentario del PP apuesta por establecer convenios de colaboración entre ambas administraciones. «La Junta exige al Estado hacer su parte cuando no se compromete a ejecutar lo que le corresponde», resume.