Hernando pide al Defensor del Pueblo que concrete a quién compete encauzar el río
María Torres
El futuro encauzamiento del río Adra parece no tener dueño. El proyecto 'rebota' sin rumbo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno sin que ninguna de las dos administraciones asuman que forma parte de su competencia. Para salir de dudas y conocer exactamente a qué puerta debe tocar para exigir una actuación, el Ayuntamiento de Adra ha solicitado formalmente al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que concrete las competencias para prevenir un posible desbordamiento del único río de la provincia que transporta agua durante los 365 días del año. El objetivo del Consistorio es propiciar un acuerdo entre Junta y Gobierno para comenzar a mover ficha. A través de una carta enviada a Maeztu, pide que «interceda» y realice cuantas acciones sean necesarias. «Esta cuestión, de suma importancia para la ciudad de Adra, como es la limpieza y el encauzamiento del Río Adra, que actualmente se encuentra invadido por cañaverales, matorrales y residuos de distinta índole, a lo largo de todo el cauce, tiene el consiguiente peligro de inundación», advierte el primer edil, Enrique Hernando. El alcalde ha tomado esta decisión después de solicitar un informe previo a ambas administraciones sobre las competencias en la financiación del encauzamiento del río Adra y no obtener una respuesta aclaratoria. Ni Junta ni Gobierno exponen los «argumentos jurídicos» necesarios que les eximen de afrontar esta obra como parte de sus listado de competencias, a juicio del equipo de gobierno que preside Hernando. Para el Ministerio de Medio Ambiente, tal y como se ratificó desde la Subdelegación del Gobierno en Almería, esta obra de interés general de Estado pertenece al gobierno andaluz. «Tendrán la consideración de obras hidráulicas de interés general y serán de competencia de la Administración General del Estado, en el ámbito de las cuencas a que se refiere el artículo 21 de la citada Ley: las obras necesarias para el control, defensa y protección del dominio público hidráulico, sin perjuicio de las Comunidades Autónomas», respondieron en el Ministerio en julio de 2014 al Ayuntamiento.
