José Carlos Lupión: «Lo mínimo que deberían reconocer es que se equivocaron. Somos inocentes»

El Ayuntamiento de Berja tendrá que desembolsar más de 2.700 euros por los gastos jurídicos derivados de la defensa del anterior alcalde, Antonio Torres (PP), y de su equipo de gobierno. Todos fueron acusados de prevaricación en un procedimiento que inició el Grupo Municipal Socialista en 2018 a través de la Fiscalía Provincial de Almería. El caso se archivó dos años después por falta de indicios y ha vuelto a levantar ampollas en el último pleno de la corporación municipal.

La primera persona en tomar la palabra fue la portavoz socialista, Isabel Arévalo. La edil insistió en que su grupo trasladó a los juzgados los reparos de unas facturas que contaban con el informe desfavorable de los técnicos municipales. «Fue la Fiscalía la que inició las diligencias (...). Acatamos las decisiones judiciales, pero los hechos son los que había e hicimos lo que teníamos que hacer como miembros de la oposición, que es fiscalizar la labor del equipo de gobierno».

No tardó en contestarle José Carlos Lupión, alcalde de Berja, para cuestionar el «buenismo» de Arévalo y criticar especialmente los dos recursos que presentó su grupo a la sentencia, que determinó en primera instancia que no había indicios de delito alguno. El procedimiento se hizo público meses antes de las elecciones municipales, cuando Torres ya anunció que dejaba la política por motivos personales, con la intención de «desprestigiarnos en lo personal», según Lupión. «Todos los que están en esa banqueta (dirigiéndose a los ediles del PSOE) hicieron esto para que su candidatura tomase fuerza», sentenció. «Se pudo cometer un error, pero no un delito. Aquí no se ha hecho nada mal, todo se ha hecho escrupulosamente bien y lo dicen los tribunales», apostilló.

En su turno de réplica, Arévalo reiteró que su grupo inició el procedimiento en base a unas facturas «que no cumplían con la Ley de Contratos», que «fue el fiscal el que decidió seguir adelante» y «que no fue nada personal». «El proceso se ha quedado en nada, pero ha servido para que las cosas se hicieran bien a partir de entonces. No hay habido ni un solo reparo desde 2019», apuntó.

El debate subió de tono cuando Jose Carlos Lupión explicó, en este contexto, que las consecuencias van más allá de los costes jurídicos. «Somos profesionales y padres de familia», dijo. «Lo mínimo que deberían hacer es reconocer que se equivocaron (...) Somos inocentes y los que dijeron que no lo éramos, por lo poco, deberían reconocer que estaban equivocados», insistió Lupión sin éxito. «Hicimos lo que teníamos que hacer», insistió la líder de la oposición.

Otros asuntos

En otro orden de asuntos, en el último pleno también se actualizó el reglamento de funcionamiento interno de la residencia de mayores Ciudad de Berja y se ajustó el IPC a la tasa de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales. La última revisión se hizo hace cuatro años y, según explicó el edil de Hacienda, Jesús Ruiz, «no va a suponer ningún incremento para el bolsillo de los virgitanos».

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