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La Junta destina más de dos millones de euros a sellar el vertedero de residuos inertes de Berja
Berja

La Junta destina más de dos millones de euros a sellar el vertedero de residuos inertes de Berja

La obra, cofinanciada a través de Fondos Feder en un 85 por ciento, tiene como objetivo la reducción de los riesgos ambientales y sanitarios

E. P.

Almería

Domingo, 27 de octubre 2024, 14:05

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La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, ha sacado a licitación las obras para proceder al sellado del vertedero de residuos inertes de Berja (Almería) por un importe de 2.204.744 euros y un plazo de 15 meses una vez arranquen los trabajos.

La obra, cofinanciada a través de Fondos Feder en un 85 por ciento, tiene como objetivo la reducción de los riesgos ambientales y sanitarios, así como la regularización de las superficies para el control de la inestabilidad de taludes e instalaciones que sean necesarias para acabar con este punto de vertidos no supervisado, el cual está incluido en un procedimiento de infracción de la Comisión Europea.

El vertedero en cuestión está compuesto principalmente por residuos inertes de la construcción, restos vegetales y escombros, con taludes de vertido superiores a los 20 metros de altura y que ocupan una superficie aproximada de 4.831 metros cuadrados, según recoge la memoria del proyecto, consultada por Europa Press.

El punto de inertes, actualmente «inactivo» y con un presellado de clausura realizado por el Ayuntamiento de Berja, está situado a unos tres kilómetros al oeste de la población de San Roque, Berja (Almería) y afecta a una superficie de 10.521 metros cuadrados de terreno de titularidad pública y privada.

Por su parte, el daño medioambiental y los posibles desprendimientos de los taludes del barranco son los principales riesgos que presenta este espacio que, además, carece de un sistema de drenaje, por lo que las escorrentías «discurren sin control desde los puntos altos a los más bajos del terreno». Asimismo, se aprecia un riesgo asociado a la contaminación de los suelos y de aguas superficiales o subterráneas «en el caso de que se produjera su infiltración».

El espacio se divide en dos partes diferenciadas: por un lado, una plataforma de coronación llana donde la acumulación de residuos «es menos evidente, a causa del sellado previo»; y por otro lado, un talud inclinado que limita a la plataforma y que desemboca al Barranco de Cintas donde «el afloramiento de inertes es más notorio».

Según un estudio histórico realizado a partir de fotografías aéreas, se concluye que hasta 1984 el emplazamiento se correspondía con una zona de matorral y es a partir de la fotografía de 1997 cuando «podemos notar el comienzo de las labores agrícolas de la zona».

La memoria del proyecto indica que «la necesidad de nivelación de las parcelas implicaron movimientos de tierra que posiblemente derivaron en aporte de material de relleno a la ladera, cegando un pequeño barranco dirección norte-sur de la misma y dando forma a la topografía actual de la zona». A partir de 2013 es cuando parece estabilizarse el vertido de residuos, de manera que no ha cambiado sustancialmente su aspecto desde entonces.

El objetivo de esta intervención es prevenir el colapso y los desplazamientos no deseados de los residuos, lo cual podría dañar la capa de cobertura. Esto evitaría que los residuos quedaran expuestos, que el agua de lluvia se filtre en la zona de vertido, y, en consecuencia, se reducirían tanto la erosión como la posible formación de lixiviados.

Entre las iniciativas más relevantes para poder sellar el vertedero están la limpieza y acondicionamiento de los vertidos de la parcela, la disposición de las capas de sellado, la regulación del drenaje de escorrentías superficiales, y la construcción de un muro de escollera y obras complementarias.

Asimismo, se procederá a la revegetación con especies autóctonas de la zona y se limitará el acceso a la zona del vertedero mediante un cerramiento perimetral.

La acción surge a partir de las disposiciones europea, que llevaron a la Junta de Andalucía a proceder al sellado y clausura de este espacio «con el fin de evitar daños medio ambientales y asegurar las exigencias de salubridad», para lo que lleva aparejado además un plan de vigilancia y control que tendrá una duración mínima de 30 años.

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