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El crimen de María del Carmen Marín será investigado por la Defensora del Pueblo

La oficina del Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja efectuada por la portavoz de la Comisión mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo, Ángeles Álvarez, y del senador socialista de la misma comisión, José María Burgos, sobre el último crimen por violencia de género ocurrido en Berja. El Grupo Parlamentario del PSOE ha anunciado que se iniciarán actuaciones ante la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil. La víctima había obtenido una orden de alejamiento que fue violada por su ex pareja sentimental. Álvarez considera «preocupante» que desde algunas instancias se esté minusvalorando el riesgo cierto que corren las víctimas y califica de «hipócrita» la actitud del Gobierno. La diputada ha señalado que este caso ha sido seguido muy de cerca por el Grupo Socialista en el Congreso que lo ha puesto como ejemplo «del cúmulo de errores que puede llevar a una víctima de violencia de género a la muerte». María del Carmen Marín, de 41 años y natural de Berja, murió el pasado 2 de agosto como consecuencia de un apuñalamiento. Un crimen presuntamente cometido por la ex pareja sentimental de la víctima, que había sido denunciada por violencia de género ante la Guardia Civil el 25 de junio, y que en consecuencia recibió una orden de alejamiento de 200 metros. El Gobierno reconoció, en respuesta a preguntas de la diputada Ángeles Álvarez, que «en el momento en el que se produjeron los hechos se encontraba en vigor la prohibición de aproximación y comunicación hacia la víctima, por un periodo de tres meses, impuesta con fecha 8 de julio de 2014». Con posterioridad a dicha Orden se produce una violación de la misma, motivo por el que el acusado permaneció bajo arresto domiciliario hasta el pasado 30 de julio. «La orden de alejamiento tenía vigencia hasta el 21 de octubre. Es decir una fecha posterior a la finalización del arresto domiciliario», subrayan fuentes socialistas.

María Torres

Viernes, 6 de mayo 2016, 11:06

De otras respuestas del Gobierno cabe inferir que «no existió por parte del juzgado señalamiento de alguna otra medida cautelar o de protección, ni se solicitó intervención policial o forense para realizar valoración de riesgo que hubiese activado un máximo nivel de protección como estipula el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia sobre la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre», ha explicado la portavoz.

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