Recogen firmas en Berja para pedir el cierre de un punto limpio «ilegal»

Un vecino de Berja, Francisco Martín, ha declarado la ?guerra? a un punto limpio del término municipal virgitano. Ubicado en el paraje de Las Cañadas, a tres kilómetros de la localidad, este punto de recogida de residuos está generando malestar entre la treintena de vecinos que reside en esta zona. Hartos de aguantar, han iniciado una recogida de firmas para exigir el cese de una actividad. Denuncian, además, que el punto es «ilegal» puesto que carece de licencia de apertura.   Cerca de 200 personas han aportado su firma a la iniciativa. En el documento que presentarán en breve ante el gobierno andaluz, exponen su «total disconformidad» con el punto limpio y la puesta en marcha de «medidas judiciales y administrativas» para propiciar su cierre.  «El punto genera mucha suciedad en nuestras fincas en un día de viento. La basura que se recoge en este punto llega a nuestra propiedad volando. También es un foco de inseguridad porque atrae a muchas personas que vienen a robar los residuos y eso sin contar el mal olor y el ruido.  Y así llevamos ya dos años», justifica Francisco Martín que es propietario de una finca colindante con árboles frutales y un cortijo que suele habitar.  Tras acudir a la delegación territorial de la consejería de Medio Ambiente en Almería, Martín decidió iniciar la recogida de firmas. «He llegado a plantearme vender la finca por este motivo», añade. A la espera de resolución El punto limpio que denuncia este vecino de Berja ocupa alrededor de 10.000 metros cuadrados y pertenece a un empresario del municipio «que se declara insolvente y cambia el nombre de sus empresas», según el denunciante. Sobre su actividad pesan cinco denuncias que fueron presentadas hace ahora un año por parte de la Guardia Civil y de los Agentes de Medio Ambiente. La Junta de Andalucía ha confirmado a IDEAL que la empresa propietaria carecía de autorización administrativa para gestionar este tipo de residuos y que, además, estaba realizando una gestión inadecuada de ellos. Como consecuencia de estas infracciones, el pasado mes de enero fue condenada a pagar 36.000 euros de sanción y a clausurar temporalmente su actividad hasta obtener los permisos pertinentes. Fuentes oficiales han informado, además, de que el interesado  ha presentado un recurso de alzada y que se está a la espera de la resolución.