El Ayuntamiento de Berja gana la batalla judicial a los sindicatos por la supresión de ayudas a los funcionarios

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento de Berja en la batalla judicial iniciada por la Unión General de Trabajadores y CSIF por retirar algunas ayudas sociales a los funcionarios. La sentencia, contra la que no cabe recurso, según ha informado el Consistorio, respalda un primer fallo judicial.

Los sindicatos presentaron un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería que ya en el mes de mayo daba la razón al Ayuntamiento de Berja. El juez ratificó la legalidad de la supresión de algunas prestaciones sociales como los tratamientos dentales, gafas o ayudas de estudios a funcionarios y familiares. Recientemente también lo ha hecho el TSJA que recuerda en su sentencia que los convenios colectivos de los funcionarios tienen garantizado su cumplimiento «salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de pactos y acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público».

Circunstancias que, según el equipo de gobierno de Antonio Torres, alcalde de Berja, confluyeron en 2011. El primer edil retiró en su día varias ayudas sociales basándose principalmente «en la grave situación económica que atravesaba el país y la obligada estabilidad presupuestaria». El acuerdo impugnado por los sindicatos, según el TSJA, «ha respetado las exigencias básicas que dimanan del Estatuto Básico del Empleado Público: apreciación de la concurrencia de una causa grave de interés público originada por la alteración sustancial de las circunstancias económicas que presidieron la firma del acuerdo e información previa a las organizaciones sindicales de las causas determinantes de la suspensión».

El alto tribunal añade que «la alteración de las circunstancias económicas queda suficientemente justificada». Los sindicatos apelantes han sido condenados al abono de las costas procesales.

Negociación

Conocida la sentencia del TSJA, el gobierno municipal ha puesto el acento en su voluntad de negociación. «Siempre hemos tenido intención de negociar de buena fe con los sindicatos, y así ha sido reconocido por los tribunales en anteriores sentencias, para adaptarnos a la situación económica sobrevenida, pero esta intención no ha sido correspondida por UGT y CSIF-F», lamenta. Según se recuerda, se mantuvieron 17 reuniones a lo largo de 2011 para intentar dar forma al convenio colectivo y «no hubo forma de llegar a un acuerdo». «El Ayuntamiento tuvo que suspender los anexos I y II, así como el artículo 19 del Acuerdo Económico, Social y Sindical de los funcionarios municipales, para adaptarse así a la situación económica del momento y a las exigencias del necesario equilibrio presupuestario», justifica.