El juez absuelve al alcalde de Alcolea de los delitos que le imputaron en 2015

La querella fue presentada en mayo de 2015 por Cristóbal Ibáñez y Cristóbal Baños, alcalde de Alcolea por el Partido Socialista entre 2011 y 2015, a la que también se sumó el Ministerio Público. Entonces se denunció que Antonio Ocaña, que arrebató la alcaldía a los socialistas como candidato por Izquierda Unida, se había beneficiado como concejal de Hacienda de Utrilla de distintos contratos menores establecidos con la empresa de formación para la que trabajaba por cuenta ajena como monitor de actividades culturales y deportivas. «No consta acreditado que para la contratación de la mercantil mediara por parte de ninguno de los acusado un comportamiento arbitrario o destinado a infringir la ley mediante la adopción de ninguna resolución injusta, ni que en el ejercicio de sus funciones los acusados ordenaran envío de dinero alguno en beneficio de aquello, causando un perjuicio en el patrimonio público», argumenta el juez en su sentencia del 11 de marzo, contra la que cabe recurso.

Sin pruebas de cargo

Para el magistrado los hechos que se les imputan «no han quedado suficientemente acreditados» y, desde el punto de vista técnico, no hay pruebas de cargo con elementos incriminatorios. La titular del juzgado niega, por un lado, el delito de prevaricación: «No se ha probado que los acusados, de común acuerdo, suscribieran ninguna resolución administrativa ni contrataran en forma alguna con la mercantil, a sabiendas de su injusticia, en el marco de un plan ideado para favorecer el cobro de un sueldo por parte de Antonio Ocaña». Por el contrario, sí queda probado que se estableció una relación contractual entre el Ayuntamiento y la citada empresa para organizar actividades culturales y deportivas, relación que se sigue dando en la actualidad.

De especial importancia tuvo, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso IDEAL, la versión de la secretaria del Ayuntamiento en el juicio oral del pasado 6 de marzo, afirmando ante el juez que los contratos se hicieron conforme a la ley. «No existe ningún documento que permita afirmar que el alcalde contrató la empresa de forma arbitraria, a espaldas de la legislación», corrobora el titular del juzgado en su fallo.

En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, se constata que los servicios para los que se realizaron los pagos por parte del Consistorio se llevaron a cabo. «No existe ánimo de sustracción de caudales públicos ni ningún enriquecimiento injusto», apunta. Con todo, el juzgado absuelve a los imputados, sobre los que pesaban penas de 10 años de inhabilitación para cargo público y tres de prisión.

El alcalde de Alcolea, que en su día solicitó la baja a su partido para que no se viera salpicado por la causa judicial, ha optado por no hacer declaraciones. Ocaña es el máximo representante del Ayuntamiento desde 2015. En las elecciones municipales del año pasado, renovó su cargo al frente del Consistorio con el aval de la mayoría de sus vecinos. Alrededor de 800 habitantes residen en esta localidad alpujarreña.